JUICIO POLÍTICO A ELBA ESTHER GORDILLO MORALES Y ALONSO LUJAMBIO. EJE EDUCATIVO.

UN QUINCE DE MAYO PARA COMENZAR A RECONSTRUIR LA EDUCACIÓN

EN MÉXICO.
FISCAL: DR. HUGO ABOITES AGUILAR



Ante este tribunal ciudadano y magisterial damos paso a la causa que en nombre del pueblo mexicano se ha abierto en contra de los ciudadanos Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal y Elba Esther Gordillo Morales, mismos que aquí se encuentran de manera apta representados por sus esfinges.

En términos generales se les acusa de haber promovido, impulsado y asegurado la continuación de políticas y decisiones en la educación de carácter empresarial y privatizador. Políticas que a lo largo de años no sólo no han mejorado la educación sino que han contribuido a que esta excluya, descalifique y desaliente a millones de niños y jóvenes precisamente en un momento en que el deterioro social, la ingobernabilidad y la violencia alcanza niveles cada vez más similares a la época de la revolución de 1910..

1. En primer lugar se acusa a uno por negligencia y a la otra por complicidad de que continúe la existencia de más de dos millones de niños que no tienen atención preescolar, más de un millón de niños que carecen del acceso a la educación primaria, dos millones que no tienen cabida en la educación secundaria y trece millones de jóvenes no están inscritos en algún plantel de educación media superior y superior. Esta es una responsabilidad directa del Estado y del gobierno y sus funcionarios del ramo, que se deriva del mandato constitucional que establece “el derecho de todo individuo a recibir educación.” Con el agravante de que los niños excluidos de la educación básica se encuentran fundamentalmente en las zonas rurales, las comunidades indígenas y campesinas y entre la población migrante interna. Esto último en particular contradice la letra y el espíritu del artículo 32 de la Ley General de Educación que señala que “las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo…” Esta situación es responsabilidad también de quien se ostenta como máxima representante sindical de los maestros, porque en razón de su cargo como presidenta del SNTE le corresponde cumplir con el artículo décimo de los propios Estatutos de la organización que en su fracción cuarta señala que este gremio debe “pugnar por el fortalecimiento del sistema educativo nacional, en apego al contenido del Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en la fracción sexta dice “pugnar por el mejoramiento, calidad y equidad de la educación”, en la fracción séptima establece en la décima, “promover que se garanticen e incrementen los niveles de escolaridad de grupos marginados, favoreciendo la educación indígena, bilingüe y pluricultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.” (http://www.snte49nay.org/estatutos.pdf).

2. En segundo lugar, con base en los anteriores artículos se les fincan responsabilidades por haber permitido que se estableciera una gravísima falta de atención a las condiciones de los niños y niñas en preescolar, muchos de los cuales reciben atención en establecimientos privados de dudosa calidad con maestras y maestros a los que no se les ofrece suficiente preparación y en instalaciones deficientes.

3. En tercer lugar, se les acusa de no realizar un diagnóstico completo y apropiado sobre las causas de los elevados índices de deserción que se presentan en la educación secundaria y que contribuyen de manera sustancial al rezago educativo y a la desigualdad en la educación. Se les acusa de que como consecuencia, no existe un plan sólido para resolver a corto plazo este problema. Como consecuencia, hoy más de treinta millones de mexicanos mayores de quince años no cuentan siquiera con la educación básica completa y alrededor de siete millones son analfabetas.

4. En cuarto lugar se les señala como responsables directos de la instalación de una educación de corte empresarial que enfatiza la capacitación más que la formación, en clara oposición al artículo tercero constitucional que señala que la educación será científica, democrática, nacional, orientada a la mejor convivencia humana y al respeto a los derechos de todos los hombres y mujeres, evitando los privilegios de grupos, de sexos o de individuos. La reducción de horas destinadas a las materias humanísticas y sociales, la utilización del modelo de competencias desde preescolar hasta la educación media superior y superior, está propiciando que generación tras generación de jóvenes carezca cargue con un rosario de habilidades e informaciones pero carezca de las nociones fundamentales sobre la democracia, la ciencia, los derechos fundamentales de los seres humanos, y, además, de la participación y responsabilidad colectiva y social, del momento histórico, de los grandes dilemas del país y del papel que juegan colectividades e individuos en la transformación de la sociedad.

5. También se les acusa como responsables de mantener una estructura centralizada, rígida y burocratizada de la educación que impide que comunidades, colonias y barrios, así como pequeños poblados y ciudades se apropien de su escuela y la conviertan en reservorios de los saberes populares y de las culturas originarias, y propicien una educación que respondan a sus necesidades, historia y procesos sociales y políticos locales engarzados con los nacionales. La descentralización fue sobre todo un proceso de creación de pequeñas réplicas del burocratismo de la SEP en la mayoría de las entidades federativas.

6. Se les señala como responsables de que la descentralización se plantee fundamentalmente para mercantilizar la educación y hacerla más accesible a los procesos de privatización con la participación prioritaria de los sectores hegemónicos, especialmente empresariales, en el rumbo de las escuelas.

7. Son culpables de que ni la SEP ni el SNTE mencionen la necesidad de que la educación sea considerada como un área reservada, apartada de los procesos de comercialización en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En contraste con las provisiones protectoras que estableció, por ejemplo, el gobierno canadiense respecto de su educación. Por otro lado, las grandes decisiones respecto de la comercialización de la educación no se toman en la SEP sino en la Secretaria de Economía. Como resultado la educación mexicana se ha deteriorado sustancialmente por el crecimiento del número de planteles privados de muy baja calidad. Si antes del Tratado el número de escuelas privadas en bachillerato era de poco más de 2 mil (2,087), actualmente ya tenemos 5 mil de esas escuelas.

8. Directamente acusamos a ambos de no detener la campaña sistemática de descalificación contra de niños y jóvenes a través de la prueba Enlace, en violación a elementales derechos humanos y a lo establecido en la constitución y la LGE. Cada año alrededor de diez millones de niños y jóvenes son innecesariamente etiquetados como “insuficientes” o “elementales” con base, además, en una prueba deficiente. La descalificación oficial y reiterada que sufren los niños y jóvenes tiene un impacto directo e inmediato en su autoestima. Sobre todo en las áreas rural, indígena y en la periferia de las ciudades, los niños y jóvenes con mayor riesgo son precisamente ellos los que vienen catalogados como sin valor con una prueba urbana y orientada a la clase media. Las consecuencias que este rechazo masivo y sistemático tiene en la salud de nuestra sociedad se vuelven cada día más patentes, y se traducen en deserción, desesperanza, ausencia de futuro y mayor descomposición social.

9. En noveno lugar, estas políticas que obstaculizan el paso a la escuela a los grandes conjuntos de la sociedad mexicana en la educación media superior se traducen en cientos de miles de jóvenes rechazados en su intento de ingresar al bachillerato. En la C. de México, continúa la existencia del Examen Único. Nueve instituciones de bachillerato han creado este mecanismo “de admisión” que se las arregla para excluir a cerca de 50 mil jóvenes cada año utilizando como pretexto requisitos perfectamente ilegales que rechazan sobre todo a las mujeres y a las y los estudiantes de la periferia de las ciudades. Sin embargo, el secretario Lujambio y la lideresa Gordillo nada dicen ni hacen en contra de esta clara violación constitucional que garantiza a todo individuo el derecho a la educación. En violación también el artículo séptimo de la Constitución no se da respuesta a las quejas bien documentadas que han presentado organismos de derechos humanos, académicos y organizaciones estudiantiles. Preferencial a quienes sufren de discriminación, se estableciera los recursos de revisión de las preguntas, etc.

10. Señalamos también en nuestra acusación que en el caso de la educación superior, las políticas de financiamiento y la política que da prioridad a las universidades e instituciones tecnológicas está generando cientos de miles de rechazados de la educación pública en toda la república mexicana, en un número que estimamos conservadoramente en cerca de 400 mil anuales. Poner en la calle cada año a casi medio millón de jóvenes mexicanos que desean estudiar y cumplen con los requisitos legales establecidos por la SEP para hacerlo, es algo que tiene repercusiones gravísimas en el momento actual de la sociedad mexicana. Sobre todo cuando el narcotráfico ya no es sólo un fenómeno que aporta ingresos económicos sustanciales a decenas de miles de familias en muchas regiones del país, sino que es también una cultura, una forma de vida rodeada de dinero y poder que tiene un fuerte impacto entre no pocos jóvenes.

11. En lugar de hacer algo respecto de lo anterior y bajo la dirección de Elba Esther Gordillo el SNTE aparece ligado a la política de la SEP de promover la militarización de las escuelas, al insistir el Secretario Lujambio en que los bachilleres y universitarios ingresen como inteligencia de las fuerzas federales en lugar de convertirlos en el motor de conocimiento para el desarrollo del país y la creación espacios sociales que mejoren sustancialmente la calidad de vida de las personas. Con esto se violenta el artículo tercero constitucional cuando se habla de que la educación debe orientarse a la mejor convivencia.

12. Comparten también ambos personajes la responsabilidad de la falta de apoyo a la educación pública y el impulso y tolerancia a iniciativas como el establecimiento de exenciones fiscales para quienes acuden a las escuelas privadas.

13.
Son responsables de promover una educación en valores que es artificial, mojigata y convertida en una entelequia apartada de la práctica social y política. La educación en valores es un discurso que se ve contradicho cada día por el autoritarismo en las escuelas, las políticas educativas que favorecen la exclusión, la falta de tolerancia a la crítica y a la disidencia, y que se convierten en represión que llega a los asesinatos de maestros y la amenaza contra los maestros, académicos y estudiantes y sus organizaciones. Los niños y jóvenes aprenden también valores de las políticas de la SEP que favorecen la corrupción, el favoritismo a las cúpulas empresariales y a las visiones de derecha religiosa. Aprenden también de la subordinación del gobierno mexicano respecto del imperio y se empapan de las visiones retrógradas en terrenos como la legalización de las drogas, el aborto, el respeto y los derechos iguales para quienes tienen preferencias sexuales y emocionales diferentes. Igual contradicción existe entre el discurso de valores y la participación cercana de ambos personajes en una administración que promueve la guerra y con ello el valor de la muerte y la cárcel como los mecanismos más eficaces para ordenar la sociedad y combatir el crimen.

14. Se promueve también el deterioro del valor de al educación al convertirla en territorio de posicionamiento político. Los maestros son utilizados como carne de cañón electoral y se subastará su voto entre los distintos partidos también en estas próximas elecciones. Mientras la dirigente Gordillo utiliza los recursos sindicales para posicionarse personal, grupal y políticamente, la SEP y sus recursos son descaradamente utilizados por el secretario como vehículo para promover su candidatura de derecha. Esta constituye una desviación clarísima de la energía y recursos financieros, sociales y humanos de la educación a favor de una justa electoral y en perjuicio de la educación.

15. Se mantiene el indebido subsidio de la SEP al Ceneval, un organismo privado que recibe millones de pesos por parte de las instituciones públicas organizadas en la COMIPEMS y que es objeto de trato preferencial con jugosos contratos para la aplicación de exámenes en instituciones públicas como el Conalep, el Colegio de Bachilleres, los planteles de Educación Técnica de la DGETI y el IPN.

16. Con el Ceneval, la importante función de evaluación, algo fundamental en el proceso educativo se mantiene hasta el día de hoy como una actividad privada, ajena a las escuelas y se ha convertido en un despojo de la función que tienen los maestros de enseñar y, por lo tanto, de evaluar. Con esto se violentan los derechos laborales de los profesores y se violenta algo fundamental de su quehacer como educadores.

17. Se ha permitido que en manos del Ceneval y de las agencias acreditadoras de planes y programas de estudio en la educación superior la evaluación se convierta en una próspera industria, que ante la indiferencia y con el patrocinio de la SEP ha tenido ingresos por cerca de 4 mil millones de pesos. Como se puede ver en las estadísticas del propio Ceneval, la mayoría de sus clientes cautivos son los hijos de las familias más pobres del país. Señalamos que con eso también se ha violentado claramente la autonomía universitaria establecida en la fracción séptima del artículo tercero constitucional, al permitir la ingerencia de organismos privados en asuntos académicos claramente reservados a estas instituciones. Igual violación ocurre todos los días con el uso de los exámenes del Ceneval para determinar quiénes de los jóvenes tienen derecho a la educación en este nivel.

18. Se ha propiciado y se mantiene la injusta diferenciación en la entrega de recursos a las universidades públicas. De tal manera que hoy existen universidades de primera categoría, que reciben montos suficientes para desarrollar su tarea, como es el caso de la UNAM, UAM, Univ. De Baja California, mientras que otras que contribuyen en forma también importante al crecimiento del conocimiento en el país reciben un trato muy inferior, como las universidades de Oaxaca y Guerrero, y el resto apenas recibe fondos necesarios para sobrevivir.

19. Esta gestión de la Secretaría de Educación Pública y la representación sindical impuesta que existe en el SNTE se ha olvidado de promover y apoyar los proyectos de cultura y educación que en muy variadas formas desarrollan las propias comunidades indígenas –como la Universidad del Sur en Guerrero- e innumerables proyectos de educación básica y media superior que se han generado en Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, y otros estados de la república. Sin intentar modificarlos e imponer sus criterios y en lugar de perseguir y reprimir estos esfuerzos, la SEP debería ofrecer generosos apoyos a estos proyectos que constituyen exploraciones pioneras de los rumbos que puede tomar la educación mexicana en el futuro.

20. También los acusamos de tolerar a sabiendas la continuación del pacto entre gobierno y las cúpulas empresariales que desde comienzo de los noventa ha determinado muchas de las políticas educativas, sin la participación de los maestros, padres de familia, comunidades y estudiantes. Iniciativas tales como la descentralización, la Carrera Magisterial y estímulos que tiende a la mercantilización directa del quehacer de los maestros, el Programa de Escuelas de Calidad que obliga a los colectivos de maestros a presentar proyectos adecuados a los criterios de la SEP a cambio de dinero, contribuyen a posponer las necesidades de estudiantes y comunidades y las necesidades del país. Son estímulos económicos que responden directamente a la lógica empresarial que concibe que la más válida y fundamental motivación para el trabajo educativo es la obtención de dinero a través de la competencia con los demás maestros y escuelas. Les reclamamos que sigan sin apelar a la lógica más profunda y humana que es la del compromiso del maestro con sus estudiantes, sus compañeros y las comunidades a las que sirve. En ese sentido y de alguna manera, tenemos que agradecerles que sean un ejemplo claro de lo que no deben ser los responsables de la educación y de lo que no deben ser los líderes del magisterio.

21. En nuestra acusación contra ustedes también les reclamamos que no hayan defendido a la educación mediante la lucha por un mayor presupuesto para escuelas sin vidrios, sin electricidad y sin los libros y mesabancos necesarios. A pesar de que por ley se debe otorgar un presupuesto de 8 por ciento del PIB a la educación (y uno por ciento a la educación superior, ciencia y tecnología), han guardado cómplice silencio frente a la necesidad de salir en defensa de los recursos necesarios para mejorar la educación. Por el contrario, pasivamente y sin chistar aceptaron el magro presupuesto que Hacienda establece para este importante sector de la vida nacional. Por su falta de responsabilidad, millones hoy carecen de educación, como se detallaba al comienzo de este alegato. La educación básica, y los niveles medio y superior así como la ciencia y tecnología arrastran desde hace años una incapacidad para alcanzar los niveles necesarios de conocimiento para un país que pretende ser soberano en este terreno.



22. Mantenemos que el secretario Lujambio de Educación Pública al igual que sus antecesores ha solapado y apoyado abiertamente el régimen de subordinación y cacicazgo que mantiene la actual dirección del SNTE y que sujeta a buena parte de los trabajadores de la educación. Este apoyo se reforzó especialmente a raíz de las intenciones presidenciales del secretario Lujambio, quien ve en la maestra Gordillo una aliada indispensable para sus aspiraciones.

23. El secretario Lujambio, en patente complicidad con la maestra Gordillo ha continuado con la persecución en contra de las normales rurales, a tal punto que se ha llegado a cerrar la de El Mexe. . Se les imponen los exámenes del Ceneval por parte de la SEP, se intenta cambiar los planes de estudio sin la participación de estudiantes y maestros y especialistas y la maestra Gordillo públicamente ha declarado en el pasado su intención de que estas instituciones, cuna histórica del magisterio en muchas entidades federativas, sean reconvertidas y transformadas en escuelas técnicas de paga.

24. A espaldas de los maestros la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pactó con Felipe Calderón Hinojosa la creación de la Alianza por la Calidad de la Educación. A pesar de haber sido rechazada unánimemente a nivel nacional por uno de los movimientos magisteriales más vigorosos de los últimos tiempos (2008), el secretario Lujambio continúa apoyando un acuerdo que desmantela la educación que postula el artículo tercero y violenta no sólo la identidad histórica de los maestros sino también sus condiciones laborales, particularmente su estabilidad en el empleo y los mecanismos justos de ingreso al servicio. Las escuelas de tiempo completo que no respetan derechos elementales de los profesores son una expresión de esa misma política.

25. En la educación superior, el proceso de progresiva empresarialización de las universidades públicas ha significado no sólo la instalación de mecanismos fabriles para aumentar la productividad académica, sino también poner a disposición de grandes empresas trasnacionales norteamericanas y de otros países los laboratorios, investigadores, recursos financieros de las universidades mexicanas. La UNAM, la UAM, el IPN y otras instituciones mantienen proyectos de investigación más ligados a las necesidades de las grandes empresas que a las de la pequeña y mediana industria, los ejidos, cooperativas, asociaciones productivas populares.

26. Por otra parte, aunque a la SEP le corresponde preservar el orden constitucional en el terreno de la educación se tolera que un grupo financiero extranjero ejerza funciones de coordinación y organización de apoyos financieros y orientación de la educación superior pública –con la complicidad de los rectores universitarios- a nivel de todo el país (y de América Latina). La presencia de Banca Santander en las instituciones de educación superior a través de su fundación Universia, es una ingerencia de los intereses financieros en el terreno de la educación pública internacional. Hasta es parte del territorio español (por ser propiedad de la embajada de ese país) el recinto colonial en cuyo sótano se encuentran los restos de lo que fue el Calmécac, el centro de estudios superiores de la cultura náhuatl, una de las culturas originarias más importantes de nuestro país.

27. Se señala también que a pesar de que la Cámara de Diputados ha aprobado la obligatoriedad de la educación media superior, el secretario Lujambio ni siquiera se ha manifestado en apoyo a esa iniciativa que ofrecería un cambio importante en las condiciones de restricción y rechazo que sufren los jóvenes al término del bachillerato.

Estas son sólo algunas de las acusaciones que aquí les hacemos a Lujambio y Gordillo, los maestros aquí presentes tienen muchas más, como también las comunidades del país, los estudiantes, y todos los maestros que el día de hoy se manifiestan en muchos lugares del país.

Les reclamamos en el fondo a Lujambio y Gordillo que teniendo tan altas responsabilidades en la conducción de la educación, teniendo la exigencia de la Constitución y de la Ley y estando México en un momento crítico de su historia no hayan podido concebir un proyecto de renovación social a partir de la educación, es decir, a partir de los maestros, estudiantes y comunidades. Mientras el país se desgarra, llora a sus muertos y desaparecidos y carece de una perspectiva clara, uno de los motores principales de reconstrucción social, la educación, permanece silencioso, acallado por la burocracia, por los intereses de la comercialización y la privatización y convertida ella misma, la educación, en un aparato eficiente de exclusión y desesperanza.

Les reclamamos en el fondo, que mientras el país se pierde, ustedes siguen pensando en sus pequeños intereses de conquista de posiciones de poder. Les reclamamos su falta de compromiso con los maestros comprometidos y los estudiantes y padres desesperados. Los acusamos de haber traicionado por negligencia y omisión a la educación del país y de reprimir a todos aquellos que quieren y luchan por un cambio y que quieren pensar de manera distinta a la educación. Les reclamamos que en nombre de la calidad de la educación hayan organizado la descalificación masiva y sistemática de millones de niños y niñas, la exclusión deliberada y organizada cuidadosamente de decenas de miles de muchachos ilusionados con estudiar, sobre todo niñas, los más pobres, los indígenas, a los que forman la verdadera sustancia de lo que es este México.

Con nuestras acusaciones apelamos no sólo al juez de este proceso judicial sino también a ese pueblo siempre noble y generoso que, sometido a la indolencia de sus autoridades, supo luchar por la independencia, por la reforma, por la tierra y los derechos laborales, por la educación, y que ha sido la única fuente de esperanza para este atribulado país. Los sometemos hoy aquí a juicio no por venganza, sino porque necesitamos saber entre todos y con las voces de todos, el detalle todo lo que han hecho con nuestra educación, para precisar, aprender, con la ayuda de los que aquí hoy se reúnen, qué es lo que nos han hecho, para saber entonces qué queremos hacer con eso que nos han hecho, como decía Sartre. Queremos identificar cada una de sus torpezas y cada uno de sus fracasos porque desde ahí se hace posible que podamos otros, las comunidades, los maestros, los estudiantes, construir algo distinto y mucho mejor. Al denunciar el curso que le han dado a la educación y a los maestros podemos aprender que necesitamos otra manera de organizar el rumbo de la educación. Ya no en manos de cúpulas empresariales y de burocracias centralistas y poderosas sino conducida por espacios de consenso nacional, representativos de los intereses múltiples y de la enorme diversidad y riqueza cultural de este país, espacios incluyentes y plurales, capaces de mantenernos unidos fortaleciendo lo diverso. Ya que ustedes, Lujambio y Gordillo junto con las burocracias empresarializadas no han podido y ni siquiera han querido crear una verdadera educación nacional del pueblo mexicano, tenemos que decir que no sólo tienen que irse, sino también ser sentenciados.

15 mayo 2011.

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